Uno de los nuestros

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Por JESÚS SUÁREZ

“Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón, quise ser un gángster”. Así comienza ‘Uno de los nuestros’ (‘Goodfelllas’), la espléndida película que Martin Scorsese dirigió en 1990 y que supone una de las obras cumbre de ese género que podemos llamar cine de mafiosos. Incluso me atrevo a sugerir, a riesgo de ser excomulgado por los puristas, que la trepidante e intensa cinta de Scorsese nada tiene que envidiar a la trilogía que Coppola dedicó a la Mafia, demasiada lenta y sinuosa en ocasiones.

Imagino que Luis Bárcenas, desde que tuvo uso de razón, quiso ser tesorero del Partido Popular, un trabajo que, puede deducirse, tenía más que ver con la recaudación y el reparto de sobres que con la gestión contable. Comparar los supuestos papeles de Bárcenas con la contabilidad que vemos en las películas de la Mafia no es muy original, y ya en ‘El Intermedio’ de la pasada semana parodiaban con gracia las semejanzas. Pero no me resisto a apuntar que resulta insólito cómo se anotaban los pagos y cobros en el Partido que hoy nos gobierna.

El escándalo sacude España, e incluso la prensa más adicta a los populares exige unas explicaciones que hasta ahora resultan claramente insuficientes. Las preguntas son muchas: de dónde venía el dinero, a cambio de qué se entregaba, cómo se repartía, etc. Las respuestas, en cambio, son escasas. Y la única conclusión es que la corrupción, y el absoluto desprecio a la Ley, se adueña de la vida política.

Y entre las muchas cuestiones que uno se plantea, con cierta ingenuidad, está por qué en España todo prescribe tan rápidamente. Siempre que se descubre un asunto turbio lo primero que está claro es que ya no puede perseguirse. Los supuestos sobresueldos pagados con dinero opaco al Fisco que se pagaban, si llegan a confirmarse, no podrán castigarse porque ya habrán prescrito. Lo lógico, en correcta técnica jurídica, sería que el plazo empezase a correr desde que las infracciones son descubiertas, pero resulta que no es así. Pero más allá de cuestiones morales, a las que los gobernantes son refractarios, queda la responsabilidad política. Eso es lo que exigen más de 800.000 personas en la Red: la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones. Pero desde el Gobierno dirán que somos unos agitadores.

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