‘Bolinaga’

Por ANTONIO BERMEJO PORTO

Jesús María Uribecheberría Bolinaga ejerció de carcelero del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara durante 532 días, en condiciones muy distintas de las que ha disfrutado el etarra bajo la vigilancia de los compañeros de la víctima, que fue enterrada en un zulo húmedo, sin ventanas, de tres metros de largo por dos y medio de ancho y uno ochenta de altura, en el que Ortega Lara sólo podía dar tres pasos. Como toda luz disponía de una pequeña bombilla, fue alimentado solo con frutas y verduras, nunca se le permitió salir de la tumba y sus necesidades las hacía en el mismo orinal en el que recibía el agua para asearse. Cuando fue liberado había perdido 23 kilos, masa muscular y densidad ósea, sufría de trastornos del sueño, estrés postraumático, ansiedad y depresión. ETA respondió a su liberación con el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco.

Bolinaga es un canalla torturador y las buenas gentes, cuando oyen hablar de las vicisitudes carcelarias de especímenes con este pelaje, postulan el más clásico de los tratamientos penitenciarios: meterlo en una jaula y tirar la llave. Pero la lex talionis es un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma impone un castigo identificado con el crimen cometido, inaplicable a los culpables de variados y numerosos delitos y en su máxima expresión de ojo por ojo y diente por diente, acaba siendo comerse a los caníbales.

En cuanto a la polémica sobre la gravedad de su estado como justificante de la excarcelación, debería indicarse que enfrenta a una forense —médico generalista del Ministerio de Justicia sin medios diagnósticos propios— y a una comisión facultativa compuesta por nueve especialistas de distintos campos y reconocido prestigio, cuyo informe señala que en esa situación clínica más de la mitad de los pacientes fallece antes de los nueve meses y la posibilidad de sobrevivir un año se cifra en el diez por ciento. Lo de que no haya mostrado arrepentimiento parece desbordar el Derecho Penal para adentrarse en una mística fácilmente falseable, a la que ningún valor otorgarían en caso contrario los opuestos a su libertad condicional.

Solo los proetarras —por razones estratégicas— y las víctimas del terrorismo —por razones emocionales— deberían previsiblemente valorar la excarcelación como un acto político. Que la Asociación de Víctimas del Terrorismo persiga el máximo cumplimiento posible de las penas por los victimarios es comprensible, pero tanta justa ira no puede conducir a que el Estado se aparte del cumplimiento de las leyes que ha promulgado, en la honesta interpretación de sus jueces.

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