Una cobertura electoral ridícula

1-tiempo

· La legislación electoral impone a los medios de comunicación una “proporcionalidad” injusta y absurda

· En las próximas elecciones generales Podemos, con 1.245.948 votos, no podrá contar con más cobertura que Geroa Bai, que obtuvo 42.411 votos en noviembre de 2011

· El reparto basado en los sondeos representaría (con un margen de error diez veces menor) las expectativas de los ciudadanos

Por CARLOS SUÁREZ 

Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo ponen en entredicho los (ya cuestionados) criterios con los que se realiza la información electoral en los medios de comunicación. La ley obliga a mantener la proporcionalidad de acuerdo a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes. Poco importa que los dos grandes partidos, que sumaban hace cuatro años el 64,5 % de los votos, no hayan superado ahora el 49,06 % o que Podemos se haya convertido tras las elecciones europeas en la cuarta fuerza política. Podemos apenas tendrá voz en las elecciones municipales y autonómicas del año que viene, y en las elecciones generales contará con menos espacio que Geroa Bai, que en 2011 obtuvo 42.411 votos frente a los 1.245.948 de Podemos en estas europeas.

La legislación electoral establece que durante las campañas electorales “la duración de la información dedicada a cada formación política se ajustará proporcionalmente a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes en el ámbito de difusión del medio”, que la información sobre cada fuerza política se emitirá “aplicando el criterio de mayor a menor, por el orden de los resultados logrados” y que aquellas candidaturas que no se presentaron o no obtuvieron representación no podrán tener “una cobertura informativa mayor que ninguna de las formaciones políticas que obtuvieron representación en las últimas elecciones”. (1)

El criterio de reparto en las elecciones autonómicas

La próxima cita electoral será en mayo del año que viene, salvo adelantos de última hora, como unas hipotéticas elecciones en Cataluña el 9 de noviembre. Habrá elecciones municipales y también elecciones autonómicas en 13 comunidades (todas salvo Galicia, el País Vasco, Cataluña y Andalucía). Una vez más los medios de comunicación se verán obligados a aplicar ese infernal criterio de proporcionalidad respecto a las “últimas elecciones equivalentes”. En este caso deberán repartir el tiempo de la información electoral entre los partidos de acuerdo con los resultados de las elecciones autonómicas celebradas el 22 de mayo de 2011. Poco importará que en las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 (que, salvo sorpresas, serán entonces las más recientes) hayan cambiado el mapa político español, que los dos partidos mayoritarios no hayan superado el 49,06 % (2), cuando cuatro años antes, en las elecciones municipales de mayo de 2011, alcanzaban en conjunto el 64,5 % (3). Tampoco que la formación Podemos se haya convertido en las últimas europeas en la tercera fuerza política en Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria y Madrid; en la cuarta fuerza más votada en Canarias y Galicia, y en la quinta por número de votos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja y el País Vasco.

En las elecciones a la Comunidad de Madrid, los medios de comunicación deberán repartir el tiempo de sus bloques electorales de acuerdo a los resultados de las anteriores autonómicas. Esto es: el 51, 73 % del tiempo para el PP, el 26,27 % para el PSOE, el 9,61% para IU y el 6,32% para UPyD (4). En el caso de que un medio quisiera dar voz a Podemos y emitir un total de 20 segundos (la duración standard de un corte de vídeo en televisión) habría que dedicar 2 minutos y 50 segundos al PP y un minuto y 20 segundos al PSOE, 30 segundos a IU y 20 segundos a UPyD y además no podría alterar el orden: Podemos iría por detrás de IU y de UPyD, independientemente de que en la europeas del 25 de mayo se convirtiera en el tercer partido más votado en la Comunidad de Madrid, con 249.559 votos, superando en 17.067 a IU y en 15.973 a UPyD.

Algo similar ocurriría en Aragón, donde el orden sería el siguiente: PP, PSOE, PAR, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida (5), aunque Podemos superara a Izquierda Unida en Aragón en las elecciones europeas del 25 de mayo (43.687 votantes frente a 43.191) o doblara a la coalición Primavera Europea (20.625 votos), en la que se encuadraba la CHA. Como mucho irá en la sexta posición y por cada 20 segundos de información sobre Podemos habría que emitir dos minutos sobre el PP.

En el el caso de Navarra el reparto estaría encabezado por UPN, seguida del PSN-PSOE, Nafarroa Bai, Bildu, PP e Izquierda-Ezkerra, que consiguió en las autonómicas de 2001 tres diputados, 18.457 votos, el 5,7 % de los votos (6). Podemos con 20.039 votos solo en Navarra (el 9,35 %) tendría que conformarse con la séptima plaza. Conceder a Podemos 20 segundos de información obligaría a emitir un bloque electoral de al menos cinco minutos y medio de duración.

Y no solo Podemos. En las elecciones autonómicas de La Rioja, aplicando la representación de 2011, el orden sería: PP, PSOE y Partido Riojano, independientemente de que UPyD haya obtenido en las europeas 10.252 votos (el 8,9 %), frente a los 8.983 del PR. (7)

UPyD ha sufrido en sus carnes durante cuatro años ese reparto injusto del tiempo en los bloques electorales. El criterio de los resultados obtenidos en elecciones equivalentes, ha hecho que, a pesar de los 306.079 votos (el 1,19 %) que obtuvo en las generales de 2008 (8), UPyD fuera considerada una formación extraparlamentaria en las europeas de 2009 y las municipales y las generales de 2011. Solo en las próximas generales terminará su travesía del desierto. Sus resultados en las “elecciones equivalentes” (las generales de 2008), les permitirán entrar en el selecto club de las formaciones con representación parlamentaria.

Elecciones generales: más de lo mismo

Las próximas elecciones generales se celebrarán antes de noviembre del año que viene. En las anteriores, en noviembre de 2011, PP y PSOE sumaron el 73,3 % de los votos (9) y se llevarán la parte correspondiente de la información electoral, cuando en realidad en las últimas elecciones europeas no sumaron más que 49,06 %.

Aunque hubiera mantenido su apoyo en las autonómicas y municipales de mayo del año que viene, Podemos, que se convirtió en las europeas en la cuarta fuerza política más votada —con 1.245.948 votos (el 7,97%) y cinco eurodiputados— no podrá contar por ley con más espacio electoral en los medios de comunicación nacionales que Geroa Bai, que logró en las elecciones generales de 2011, un acta de diputado, con un total de 42.411 votos (menos de los 43.687 que Podemos obtuvo solo en Navarra y desde luego menos de los 1.245.948 que logró a nivel nacional).

Con los datos de las elecciones europeas, Podemos debería quedar en el bloque de información electoral por detrás de PP, PSOE e Izquierda Unida y por delante de CiU (1.014.263), Amaiur (333.628), PNV (323.517), Esquerra Republicana (256.393) BNG (183.279), Coalición Canaria (143.550), Compromís (25.150) Foro Asturias (99.173) y Geroa Bai (42.411) sin embargo irá, como mucho, en la décimo tercera posición.

Tras cuatro años concurriendo a procesos electorales, UPyD entrará por primera vez en el reparto de los bloques electorales como una fuerza parlamentaria. Con 306.079 votos (el 1,19%) irá por detrás del PSOE (11.289.335), el PP (10.278.010), Izquierda Unida (969.946), Convergència i Unió (779.425) y el PNV (306.128), independientemente de que en las elecciones del 25 de mayo de 2014 UPyD, con 1.015.994 votos, superara en 165.304 votos a Coalición por Europa (suma de CiU, PNV y Coalición Canaria).

Los sondeos como alternativa

Es evidente que los resultados obtenidos cuatro años antes no constituyen una referencia válida y que el criterio de “elecciones equivalentes” establecido en la legislación electoral es absurdo, cuando no antidemocrático. Establece una proporcionalidad que no es representativa, contribuye a mantener el statu quo, concediendo más ventajas a los que ya están dentro del sistema, y ha servido para perpetuar –hasta ahora– el bipartidismo. Entre las posibles alternativas está utilizar como referencia los sondeos. Un ejemplo de ello podrían ser las encuestas del CIS, concretamente la realizada inmediatamente antes de las elecciones, el 7 de abril (10).

El gráfico que se incluye debajo muestra en las primeras tres columnas los resultados obtenidos por los partidos en las europeas de 2014 y 2009 y la diferencia entre esos dos datos. En las tres columnas siguientes pueden verse los datos de intención de voto de la encuesta del CIS de abril de 2014, la proyección de esos datos al 100 % (es decir, restando el 23, 8 % que aseguró que no votaría y el 20,6 que declaró no saber aún a quien iba a votar) y la diferencia entre las columnas 1 y 5; esto es, entre los resultados definitivos y la intención de voto que apuntó el sondeo del CIS.

...

Puede advertirse claramente en la columna 3 la enorme diferencia entre los resultados obtenidos por los partidos en 2014 y los que lograron en 2009 (y que sirvieron para establecer el tiempo dedicado a cada uno en la información electoral en estas últimas elecciones). Así, la diferencia entre el espacio que les correspondió en la información electoral y los votos que finalmente obtuvieron es del 16,06 % en el caso del PP y del 15, 78 % en el caso del PSOE, que se vieron ampliamente beneficiados por la utilización de los datos de 2009 como criterio de reparto.

Por el contrario al examinar la columna 6 se aprecia la escasa diferencia entre los resultados obtenidos y la proyección del CIS: las distancias se reducen significativamente, en algunos casos a la décima parte. Si se hubiera empleado la encuesta de abril del CIS como criterio de reparto en la información electoral la diferencia entre el espacio otorgado y los resultados obtenidos se habría reducido a -1,96 puntos en el caso del PP y -5,02 en el caso del PSOE. En el resto de los grupos la distancia es todavía menor. Apenas hay diferencia en el caso de IU (-0,45), UPyD (-0,53), Coalición por Europa (0,27), L’Esquerra pel Dret a Decidir (-0,76), Los Pueblos Deciden (+0,08), Primavera Europea (+0,72) y Vox (+0,97).

La conclusión es obvia: si la legislación electoral estableciese como criterio para el reparto los porcentajes de intención de voto de la encuesta del CIS anterior al comienzo de la campaña electoral los medios de comunicación podríamos repartir de forma mucho más realista y justa los bloques electorales, de modo que representaran con mayor fidelidad las expectativas de los ciudadanos. (Mención aparte merece el caso de Podemos, que la mayor parte de los analistas ha considerado excepcional y donde la utilización de la encuesta del CIS solo corregiría en un +1,59 el margen de error).

Una legislación electoral caduca

La campaña para las elecciones europeas ha demostrado también la obsolescencia de la legislación electoral en un mundo informatizado y globalizado. El apartado 7 del artículo 69 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fija que “durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”. La ley española no impidió que los ciudadanos conociéramos los sondeos a pie de urna (que son de hecho casi voto real) de las elecciones holandesas o británicas tres días antes de acudir a votar y sin embargo nos obligó a esperar a las once de la noche, tres horas después del cierre de las urnas, para saber qué había ocurrido en España.

Igual de anticuada queda la regulación sobre la jornada de reflexión. El Artículo 53 de la LOREG establece que “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado”. Eso no ha impedido que los ciudadanos pudiéramos seguir en directo a través de internet la víspera de nuestra jornada de votación el cierre de campaña de los principales líderes europeos en teoría destinados a dirigir la Comisión Europea (concretamente los mítines de Martin Schultz en Frankfurt y Aquisgrán el día 24 de mayo).

El control sobre los medios de comunicación durante las campañas electorales que la legislación otorga a las Juntas Electorales parece propio de una dictadura y de una Junta más Militar que Electoral, al establecer que “los órganos de dirección de los medios de titularidad pública someterán” (esa es la expresión) “a las Juntas Electorales competentes sus planes de cobertura informativa”.

A ello hay que añadir la diferencia de trato entre los medios públicos y privados. Aunque el espíritu de la ley es el mismo e impide también dar a formaciones políticas nuevas más cobertura que a las que obtuvieron representación, la “letra” tiene algunas diferencias. La legislación establece que la información en los medios públicos “se ajustará proporcionalmente a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes en el ámbito de difusión del medio y se emitirá de conformidad con los criterios previamente acordados en los planes de cobertura informativa” mientras que en el caso de los medios privados obliga a mantener el “principio de proporcionalidad, entendido éste en el sentido de que su tratamiento deberá atender preferentemente a los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes”. (11)

La legislación actual “ningunea” a los profesionales de los medios de comunicación, a los que impide actuar con criterios periodísticos a la hora de seleccionar la información, y considera además a los ciudadanos menores de edad. La auténtica propaganda electoral no se hace necesariamente en los mítines de campaña ni en los bloques electorales, sino más a menudo desde la mesa del Consejo de Ministros y el BOE; tampoco la descalificación de los adversarios, que resulta ahora más fácil desde las crónicas de tribunales o desde la puerta de los juzgados.

El reparto de tiempos en los bloques electorales ha estado siempre cuestionado, pero el hundimiento del bipartidismo y la irrupción de Podemos demuestran ahora de forma palmaria que los actuales criterios no sirven.

Tal y como viene pidiendo desde hace años el Consejo de Informativos de RTVE, es necesario forzar un cambio de la ley electoral para que sean los periodistas quienes decidan la relevancia o la pertinencia de cada información, su duración y su orden en la emisión de acuerdo a criterios puramente profesionales. Mientras tanto, es necesario corregir la actual distorsión, dar voz a las nuevas formaciones en proporción a la demanda social durante los periodos de precampaña, fuera del ámbito de competencia de la Junta Electoral/Militar.

Es obligación de los profesionales de los medios de comunicación exigir el fin de una legislación electoral que empobrece (y secuestra) la democracia, terminar con unas “cuotas de reparto” anticuadas, irreales, inútiles, absurdas, ilógicas e injustas; apostar por la defensa de un verdadero pluralismo y la auténtica neutralidad informativa, que no sea puramente formal. Ese es nuestro papel, lo que legitima a los periodistas ante los ciudadanos y lo que, en el caso de los medios públicos, garantiza su cuestionada continuidad.

 (mayo de 2014)

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