“Tenemos derecho a elegir qué educación queremos para nuestro hijo”

Alejandro Calleja y Lucía Loma –padres de Rubén–, Jesús Sánchez –de Ceapa y Amidown–, Mar Álvarez –de Solcom– y el letrado Juan Rodríguez Zapatero, este martes en la puerta de los Juzgados de León. Foto: E. Otero.

Alejandro Calleja y Lucía Loma –padres de Rubén–, Jesús Sánchez –de Ceapa y Amidown–, Mar Álvarez –de Solcom– y el letrado Juan Rodríguez Zapatero, este martes en la puerta de los Juzgados de León. Foto: E. Otero.

“Si no nos ampara el Tribunal Constitucional, nos queda Estrasburgo”

“Es necesaria una reforma del sistema normativo
para que se aplique la educación inclusiva”

El caso de Rubén, un niño leonés de 13 años con síndrome de Down, ha puesto una vez más sobre la mesa el incumplimiento del derecho fundamental a una educación inclusiva en España, es decir, el derecho a una educación de calidad para todas las personas por igual y adaptada a la diversidad.

Por ELOÍSA OTERO
(ultimocero.com)

Los padres de Rubén acudieron este martes por la mañana a declarar al Juzgado de Instrucción número 3 de León, tras ser imputados por la Fiscalía por un presunto delito de abandono familiar al no estar de acuerdo con la decisión unilateral de la Administración de enviar al niño a un centro de educación especial, en lugar de a un centro de educación ordinario, como desean los padres.

Alejandro Calleja y Lucía Loma, padres de Rubén, reclaman la inclusión educativa de su hijo y esta mañana, tras declarar en el Juzgado, señalaron a los periodistas que llegarán hasta el final en la defensa de este derecho fundamental: “No es un abandono, y así se lo hemos expresado a la magistrada. Nosotros estamos defendiendo la educación inclusiva, que es un derecho fundamental que está amparado en los derechos del menor, en los derechos de las personas con discapacidad y en la Constitución Española. No es un capricho nuestro. Nosotros, como padres, lo que tenemos que hacer es defender los derechos de nuestro hijo. Nos debemos a eso”.

Tanto Alejandro como Lucía consideran que “en la educación especial se segrega, se discrimina, no se socializa. Y, lógicamente, nosotros queremos que nuestro hijo se socialice y sea lo más autónomo e independiente posible. Y para eso está la educación ordinaria”.

Malos tratos

Según señaló Alejandro Calleja, su hijo Rubén llevaba ocho años escolarizado en la escuela pública, concretamente en el Colegio González de Lama, y perfectamente integrado con los apoyos necesarios, pero en el curso 2009-2010 “eso se truncó cuando llegó un profesor que dijo que no le quería en el colegio, y después nos enteramos, a través de los padres y de los niños que fueron testigos de los hechos, de que ese profesor-tutor le quiso tirar por la ventana desde un segundo piso, que es donde tenía el aula”. Es más, según Calleja “en otra ocasión los propios niños de diez años, compañeros de clase, tuvieron que ponerse de escudos humanos para que el profesor no agrediese a nuestro hijo con una silla”.

Aunque estos hechos fueron denunciados reiteradas veces, “la Dirección Provincial de Educación siempre los ha negado, y ni siquiera ese profesor ha sido expedientado, que sepamos”, asegura Calleja. Por su parte, la Administración optó en 2011 por segregar al menor del sistema educativo público ordinario, y la Junta de Castilla y León resolvió su escolarización en un centro de educación especial, cosa a la que se oponen los padres.

“Tenemos dos sentencias que no han fallado a favor de la educación inclusiva, pero que sí reconocen que ha habido malos tratos. Hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional —por la vulneración del Derecho fundamental a una educación inclusiva, y por los malos tratos físicos sufridos por el menor en su centro escolar—, y esperamos que sea admitido a trámite. Y si no… siempre nos queda el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Porque estamos decididos a llegar hasta el final”, advierte el padre de Rubén, insistiendo en que “esto no es ningún capricho y el niño está perfectamente atendido”.

Para los padres de Rubén toda esta situación es “absolutamente increíble”: “Para tapar los malos tratos de un profesor se ha pretendido criminalizar al menor, como que él era el culpable de la situación. Por favor, estamos hablando de un niño… Y encima se nos imputa a nosotros, por lo penal, por abandono familiar, porque no queremos llevar a nuestro hijo a un colegio de educación especial y sí a un colegio ordinario, cosa a la que tiene derecho”.

Así, los padres alegan que la resolución de la Junta, obligando a escolarizar al niño en un centro especial, “es nula, porque para que tenga validez se tienen que respetar tanto los derechos del menor como los derechos de los padres, y nosotros en esa resolución no pintamos nada; se supone que tenemos la patria potestad de nuestro hijo, pero nadie nos consulta nada, se obra a nuestras espaldas, se nos criminaliza tanto a nosotros como al menor”.

En ese sentido, lo que están pidiendo ahora los padres de Rubén son “unas medidas cautelares hasta que termine este proceso, porque nos tememos que todo esto se va a alargar, y nuestro hijo va a terminar la edad de escolarización sin poder escolarizarse”.

Situación de indefensión

El abogado de los padres de Rubén y letrado de Solcom, Juan Rodríguez Zapatero, advierte por su parte que “este proceso pone en cuestión un sistema normativo, porque estamos ante una situación clara de indefensión”. Según el letrado, “el ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución, en la Convención, en las declaraciones internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad… nunca puede ser, lógicamente, objeto de un proceso penal. Eso, en Derecho, es una contradicción difícil de salvar”.

Según Rodríguez Zapatero, los padres de Rubén están ejerciendo, en primer lugar, el derecho del menor a una educación inclusiva, y en segundo lugar el derecho de ellos, como padres, a elegir el tipo de centro educativo que consideren más conveniente para el niño. “Si acataran la resolución de la Administración en su día, estarían perjudicando al menor, porque le estarían segregando, le estarían marginando, le estarían llevando a un centro de educación especial que no garantiza el sistema público ordinario ni el aprendizaje en igualdad de condiciones con los demás niños. Y en cambio, si en definitiva, como han hecho, mantienen su postura de defender sus derechos, se ven inmersos en un proceso penal. Eso, en nuestro Derecho, se llama indefensión y parece que el sistema normativo quiebra y que necesita una urgente revisión para que se garantice el derecho a la educación inclusiva en nuestro país”.

En ese sentido, según el letrado, “este procedimiento lo que pone en cuestión es que la educación inclusiva está en la Convención, está en las declaraciones de los responsables públicos, pero falta su efectividad práctica, y eso requiere una nueva sensibilidad de los poderes públicos, de las administraciones, de todo el sistema, también del Poder Judicial, y, muy especialmente, una reforma de nuestro sistema normativo”.

Apoyo de Solcom, Ceapa y Amidown

La familia cuenta con el apoyo de Solcom —Asociación para la Solidaridad Comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social—, de la Ceapa y de Amidown, cuyos representantes recalcan que la educación inclusiva es un derecho fundamental reconocido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

La representante de Solcom, Mar Álvarez —que mostró un informe reciente de la Comisión de Derechos Humanos en el que se advierte que España no cumple con la educación inclusiva—, subrayó esta mañana que “el trato que está recibiendo la familia de Rubén por parte de la Administración está vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la educación inclusiva”. Además, según Álvarez, “la que debería estar siendo investigada es la Administración, ya que han existido malos tratos demostrables”.

En el mismo sentido se manifestó Jesús Sánchez, representante de Ceapa y Amidown. “Pedimos la educación inclusiva y, de forma general, que se cumplan los derechos internacionales y constitucionales de nuestro país, que la educación inclusiva sea una realidad, y que por encima de todo prevalezca el derecho de los padres a elegir qué tipo de escolarización quieren darle a sus hijos. Queremos que se escolaricen en centros ordinarios todos los niños con necesidades especiales y que en ellos se pongan los apoyos necesarios para atender sus diversidades, y no que se los recluya en un centro”.

Precedente en Palencia

Tanto los  padres de Rubén como el letrado y la representante de Solcom confían en que el caso llegue al Tribunal Constitucional, ante el que han presentado un recurso de amparo. “Hay un precedente en Palencia, el caso de Azucena y José Alberto, y su hijo Daniel, quienes también fueron imputados por abandono de familia. Su recurso de amparo contra la segregación escolar de su hijo con autismo, a través de Solcom, ya ha llegado al Constitucional y ha sido admitido a trámite, por lo que esperamos que en este caso de Rubén el recurso de amparo progrese, y que realmente el Constitucional se pronuncie a favor y decida sobre estos derechos fundamentales”, señaló Mar Álvarez.

Por su parte, el letrado Juan Rodríguez Zapatero entiende que “es urgente resolver este dilema por la vía legislativa con la creación de medidas cautelares y medidas de arbitraje para que no quede en manos de la administración el ejercicio de un derecho fundamental”.

En todo caso, el letrado apuntó esta mañana que “ambos padres han manifestado en su declaración ante la magistrada que están abiertos al diálogo con la Administración, porque lo que no quieren es perjudicar a su hijo. Ellos están abiertos al diálogo y a buscar la mejor solución sobre la base de que se respete ese derecho a la educación inclusiva. Sobre esa base están abiertos a hablar una y cien veces, lo que haga falta”.

Mientras tanto, la familia de Rubén sigue inmersa en un proceso judicial largo y un tanto kafkiano, ya que mientras no se declare nula la resolución de la Administración el niño no podrá ejercer su derecho a ser escolarizado en un colegio ordinario.

De hecho, este es el tercer curso sin escuela inclusiva para Rubén, cuyos padres han asumido el coste de la educación de su hijo a través de profesores particulares, y que además cuentan con el apoyo de la asociación Amidown y de un psicólogo particular que atiende al niño desde pequeño.

Más información:

Acerca de Eloísa Otero

Periodista y escritora leonesa.

Un Comentario

  1. Pingback: El inConstitucional ataca de nuevo – cappaces

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