Lo común y lo corriente

Concejo de vecinos.

Por LUIS GRAU LOBO

Lo que es de todos no es de nadie, según el dicho. Pero sí lo es, y si no se defiende acaba por ser de alguien con nombre y apellidos. Lo hemos comprobado durante las privatizaciones de lo público, pero se habla poco de otras, las de lo común. Está de moda la etiqueta de lo común, del procomún, de la propiedad comunal, que a diferencia de lo público pertenece a una comunidad pero su administración no se ha delegado o transferido. En León se sabe mucho de eso. O debería, porque se trata de una de las características acusadas de la idiosincrasia de esta tierra, tan enaltecida en los campanarios como desatendida en sus genuinos intereses, los que le confieren un dominio sobre los bienes colectivos de una forma peculiar y representativa.

La pujanza del común y del concejo han distinguido una forma histórica de vida en los pueblos leoneses durante siglos, desde que la aplicación de un tipo de derecho de raíz germánica y las necesidades de la primera repoblación medieval hicieron de aldeas y pueblos propietarios de sus entornos, responsables de su cuidado y administradores de una forma de solidaridad y resistencia colectiva tan longeva como amenazada. Desde siempre el común fue pretendido por poderes más “oficiales” y estructurados. Primero el régimen señorial lo erosionó en encarnizados pleitos y conflictos, pues derechos y haciendas comunales generaban beneficios que se escapaban a sus privilegios. Procuradores de los comunes acudieron en masa a los tribunales a defender lo suyo con desigual fortuna. Más tarde el Estado liberal, amparado en la vieja excusa de la obsolescencia de esas explotaciones, cuestionó la propiedad y el derecho comunal hasta casi liquidarlos, pese a que el Romanticismo y el Regeneracionismo (Costa, Azcárate…) vieran en ellos esencias y existencias dignas de estudio y alabanza. No hubo manera: lo común se enfrentaba al Estado moderno y su “interés general”: los pueblos en cuyas tierras se construyeron saltos hidroeléctricos en la raya portuguesa fueron los últimos de España en disponer de luz; cuando Riaño se anegó, la mayoría de esos terrenos eran comunales…

Esta semana se verificó la desaparición de una decena de juntas vecinales en León. La España que se vacía se sigue vaciando, asesta el definitivo golpe a una forma de vida y, de paso, enajena sus propiedades. Con ella desaparece una forma de preservar los recursos, de mantener la ecología y la economía en fecunda alianza. Aunque el negocio prosigue. En estos años, la iglesia católica española se ha dedicado a inmatricular numerosas propiedades sin registrar que pasaban, por ministerio de leyes indignas, a ser suyas, sin aviso previo o rectificación. Como los colonos anglosajones cuando esgrimían ante los indígenas americanos sus “legítimas” escrituras de propiedad, en blanco sobre negro. Patrimonio que deja de ser de todos, para ser de alguien muy concreto.

(Publicado en La Nueva Crónica de León el 19 de noviembre de 2017,
en una serie llamada “Las razones del polizón”)

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