El PP de Castilla y León reconoce que un país democrático “no puede permitir tener muertos en las cunetas”

Contraviniendo al PP nacional, el Gobierno del PP de Castilla y León, con el presidente de la Junta Juan Vicente Herrera a la cabeza, ha reconocido hace unas semanas que una democracia “no puede permitir tener muertos en las cunetas desde hace 80 años” y ha aprobado un decreto de la Memoria Histórica y democracia de CyL, con distintas medidas que buscan “colaborar en la búsqueda y exhumación de las víctimas de la guerra civil para que sus familiares les puedan enterrar”. Entre esas medidas figuran un censo de víctimas, una dotación de 100.000 euros para exhumaciones de fosas y, algo también importante, “educar en la verdad” a los alumnos de ESO y Bachillerato sobre lo que realmente aconteció en este país durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Quizá haya a quien le parezca insuficiente este decreto, que no es una ley (su aplicación se circunscribe únicamente al ámbito regional de Castilla y León) y cuya dotación económica puede ser insuficiente para atender el gran número de exhumaciones pendientes. No obstante, las asociaciones para la memoria histórica han felicitado al gobierno de Herrera por su valentía frente a la cerrazón sistemática del PP de Rajoy en todo lo referente al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por Rodríguez Zapatero.

A finales de marzo, cuando el poeta y artista berciano Juan Carlos Mestre recibió la noticia de que le acaban de conceder el Premio Castilla y León de las Letras, se lo dedicó “a los olvidados en las cunetas”.

Y es que, al igual que muchísimos ciudadanos y ciudadanas de este país, Juan Carlos Mestre ha vivido “con asombro y ciertamente con indignación” la última década en España, tras la aprobación en 2007 de la Ley de la Memoria Histórica, ya que las “autoridades públicas se han ufanado de no prestar atención a la gran asignatura pendiente de la democracia, que es la restauración de la memoria”.

Por eso Mestre, uno de los grandes poetas de la dignidad humana, quiso compartir su premio con los “huéspedes esenciales” de su universo poético, “los débiles y los humildes”, y entre ellos los familiares de los cientos de miles de enterrados en las cunetas y fosas comunes que aún permanecen intactas en España, tras la Guerra Civil y la dictadura franquista. Un drama que solo resulta “cuestionado” por aquellos “que no acaban de entender no sólo que todos tenemos los mismos derechos, sino que la dignidad debe ser preservada aun estando muertos”.

El pensamiento y la ciencia, la poesía, las artes y la interpretación de la historia siempre van por delante de la política y del Derecho. Sin embargo, avanzamos. Poquito a poco, pero avanzamos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) surgió a raíz de la exhumación de una fosa común en la que se encontraban los restos de 13 republicanos civiles asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936. Ocurrió en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, en octubre del año 2000. Numerosas personas acudieron al lugar de la excavación para pedir ayuda en la búsqueda de desaparecidos. Y un grupo de personas decidieron crear una Asociación para prestarles esa ayuda.

Siete años después, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), fue aprobada la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre), en la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista. Sin embargo, bajo el gobierno de Mariano Rajoy (PP) —quien había prometido echarla abajo en cuanto ganara las elecciones—, la ley quedó derogada de facto, ya que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y 2014 se quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación, algo que ha seguido sucediendo hasta nuestros días.

El pasado 1 de mayo, por la noche, analizaban en El Intermedio (La Sexta) esta noticia de la agencia EFE (fechada el pasado 15 de abril) que, en el maremagnum diario de noticias e infranoticias, a algunos les ha pasado desapercibida, pero que sin duda echa un pulso y marca un hito en las políticas del PP relacionadas con la Memoria Histórica en nuestro país:

El PP de Castilla y León reconoce que una democracia no puede permitir “tener muertos en las cunetas desde hace 80 años”

Castilla y León dispondrá de un censo de víctimas de la Guerra Civil, subvenciones para exhumaciones, y los alumnos de ESO y Bachillerato estudiarán “educación en la verdad” de los hechos ocurridos durante el franquismo.

Así se recoge en el decreto de la memoria histórica y democracia de Castilla y León, que ha aprobado el Consejo de Gobierno y que ha detallado en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez (PP).

El objetivo fundamental es “colaborar en la búsqueda y exhumación de las víctimas de la guerra civil para que sus familiares les puedan enterrar”, ha sostenido el también consejero de la Presidencia, para quien una democracia no se puede permitir “tener muertos en las cunetas desde hace ochenta años” y no saber dónde están enterrados los muertos.

Si eso es así, “algo hemos hecho todos mal”, ha advertido el vicepresidente de la Junta, quien ha explicado que el 99% de las asociaciones que trabajan en el campo de la memoria histórica en la comunidad está de acuerdo con este decreto, que ha incorporado sus sugerencias como que se condene expresamente la dictadura franquista, con ese “apellido”.

Como efectos inmediatos del decreto, este mismo mes la Junta se reunirá con el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca para colaborar a la hora de hacer un censo de víctimas de la guerra civil en la Comunidad, y también saldrá la convocatoria de ayudas para exhumaciones por 100.000 euros.

También se prevé que de forma inmediata, para lo que la Consejería de Educación elaborará una unidad didáctica, se pueda incluir en los contenidos de la ESO y Bachillerato estudios para “conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”, que de Santiago-Juárez ha bautizado como “educación en la verdad”.

La Agencia Ical completa así la noticia:

Después de subrayar que el decreto tiene el respaldo de las organizaciones sindicales y del “99 por ciento” de las asociaciones, el vicepresidente explicó que se mantiene el Consejo Técnico de la Memoria Histórica, como el órgano encargado de autorizar las actuaciones y comprobar que el proyecto concuerde con la norma estatal, en una decisión vinculante para los ayuntamientos. Estará formado por un representante de la Consejería competente, tres técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta, dos representantes de la Asociación de la Memoria Histórica y otros dos de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

También habrá un Consejo Asesor del que formarán parte el titular de la Consejería competente, una persona de reconocido prestigio que será el presidente de este órgano, así como un representante de Patrimonio Cultural, uno de la Memoria Histórica, dos FRMP, dos de las Cortes, cuatro expertos de las universidades, cinco de las asociaciones y uno por cada sindicato más representativo.

Además, se trabajará en coordinación con el Ministerio de Justicia en la elaboración y actualización del mapa de fosas comunes y se apoyarán los actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas. En el decreto se recoge que se realizarán estudios para analizar la posibilidad de crear un Banco de ADN, aunque De Santiago-Juárez se refirió a su dificultad. Por otro lado, la competencia expresa de la memoria histórica se atribuye expresamente a la Consejería de la Presidencia.

En el otoño de 2016 se acordó la creación de un grupo de trabajo entre la Junta y los grupos de las Cortes, presidido por el procurador socialista Álvaro Lora, para avanzar en esta materia junto a las asociaciones, si bien por distintas dificultades, no achacables a quien es su presidente, esté se paralizó.

La Consejería de la Presidencia optó por la elaboración de un decreto al considerar que es un instrumento “más ágil” que la elaboración de la una ley, como pidieron los grupos de la oposición y algunas asociaciones. De Santiago-Juárez argumentó hoy que los grupos pueden tomar la iniciativa y presentar una proposición de ley en las Cortes, pero recordó que está en revisión la norma de 2007 de la etapa del Gobierno socialista.

Santiago-Juárez manifestó que tanto en su etapa como portavoz del Grupo Popular como en la Consejería de la Presidencia se ha trabajado de manera discreta con las asociaciones y subrayó que ahora se “da un paso” para facilitar la labor de éstas, que han tenido dificultades y solicitan fondos para financiar los costosos estudios de ADN, que podrán contar a través de las líneas de ayudas que se convocan.

En esa dirección, recordó la modificación de la ley de Archivos de Castilla y León para agilizar el periodo de consultas de documentos, el apoyo al Congreso franquista o las ayudas a asociaciones de Valladolid y Soria.

Acerca de Eloísa Otero

Periodista y escritora leonesa.

  1. Ignacio Fernández

    Bueno, sin quitar ni poner rey a cuanto se recoge en este artículo, también hay que decir que hubo que “ayudarles” (a los del PP, quiero decir). Que el Decreto no llovió del cielo.

  2. Ya suponemos… Quizá estaría bien que alguien que hubiera seguido el proceso lo contara…

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