Un documental para oponerse al expolio de los bienes comunales

Manifestación en defensa de las juntas vecinales de Omaña. Foto: Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña.

Manifestación en defensa de las juntas vecinales de Omaña. Foto: Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña.

La Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña, gracias a la colaboración del 15M de León, ha realizado un documental con el que pretende informar y luchar contra la previsible supresión de esta forma de organización vecinal.

Por LAURA FRAILE
(ultimocero.com)

Sólo la provincia de León cuenta con una tercera parte de todas las juntas vecinales del territorio español. En el caso de Castilla y León, la cifra alcanza un 80% de todas estas juntas, que también están presentes en otras comunidades como Asturias, Cantabria o el País Vasco. Esta manera de organizarse, que según sus estudiosos data del siglo X, está actualmente en grave peligro como consecuencia de la puesta en marcha del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, promovido por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública.

Para dar a conocer este fenómeno, pero sobre todo para defenderlo frente a este proyecto de ley, la Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña y el 15M de León han realizado el documental `Stop al expolio de los bienes comunales´, un trabajo que en su media hora de duración pretende aportar un poco de luz a un tema ante el que, según dicen, aún hay mucha desinformación. “En realidad, ésta es una forma de gobierno tradicional, tanto de gestión como de convivencia, en la que se reúnen todos los vecinos en una asamblea para tomar decisiones. Esta forma de organizarse, que data del siglo X, se ha ido transformando en las juntas vecinales. Actualmente estas juntas son titulares de un 30 o 50% del territorio de León, y de ellas depende la conservación de los bosques, la agricultura o la ganadería. Ellas están custodiando todos estos bienes y han conseguido conservarlos”, explica a modo de introducción Jesús Albarrán, portavoz de la Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña.

Esta plataforma, de la que actualmente forman parte 53 juntas vecinales de esta comarca del noroeste de León, se formó en agosto del año pasado a raíz de la propuesta presentada el 13 de julio de ese año por parte del Ministerio de Hacienda, con la que se pretendía hacer una reforma de gran calado de la administración local que afectaba a las mancomunidades, los pequeños ayuntamientos y las juntas vecinales. “Según este Anteproyecto, se establecía una disposición transitoria que permitía suprimir de golpe casi 4000 juntas vecinales de toda España. Ante esta medida decidimos hacer un acto informativo en la comarca para conocer este anteproyecto más a fondo. Después convocamos una reunión entre tres juntas vecinales, tras la cual creamos esta plataforma para informar a la gente. Con ella buscamos informar, concienciar y movilizar contra esta ley”, explica Jesús Albarrán.

Según comenta, la supresión de esta forma de organizarse puede llevarse a cabo si no se cumplen dos requisitos. El primero de ellos es la rendición de cuentas, para lo que se dispondrá de un plazo de tres meses. “Es muy poco tiempo, ya que hay que conocer la realidad de unos pueblos que tienen entre 30 y 50 habitantes y que en invierno se quedan con cuatro casas abiertas. Se exige un papeleo ingente e innecesario, cumplimentarlo de una forma telemática cuando apenas hay acceso público a Internet, y tener que trasladarse a la Diputación de León durante tres o cuatro días para disponer del servicio de asistencia a los municipios”, añade Jesús en relación a este primer requisito.

“El segundo, que es mucho más duro y que se llevará a cabo para asumir el plan económico financiero, hace que una de las salidas de esta ley implique la supresión de estas juntas vecinales siempre y cuando estén en situación de déficit. Este patrimonio pasaría al Ayuntamiento del que dependen y serviría para tapar los agujeros de sus déficits, cuando los bienes son comunales, de los vecinos y concejos”, continúa Jesús.

Cambio de titularidad de los bienes del concejo

Uno de los puntos fuertes que han llevado a los integrantes de esta plataforma a unir sus reivindicaciones contra este proyecto de ley es el cambio de titularidad que supondría para los bienes del concejo. “Con las juntas vecinales, los vecinos son los titulares y gestores del monte, el agua, los pastos o el bosque. Estos vecinos fueron los que llevaron el agua a las casas, porque no vino ni la Diputación ni la Junta de Castilla y León a hacerlo. Esta titularidad pasaría al Ayuntamiento del que dependen estas juntas vecinales. Si éste estuviera endeudado, su gestión pasaría a la Diputación. No hablamos aquí de bienes públicos que puedan pertenecer al estado central o a la comunidad autónoma. Para dar una idea de lo que son, podemos pensar en los medios de producción, que pueden pertenecer a una empresa privada, pública o a una cooperativa (en cuyo caso pertenecen a los trabajadores). Pues bien, si trasladamos este modelo al territorio o a la propiedad de la tierra, veríamos que estos bienes pertenecen a los vecinos. Son unos bienes comunales, de acceso para todos. Con la ley se abriría la puerta a una mayor gestión privada. La administración elegiría el modo de gestionarlo y, por ejemplo, podría hacer que la Diputación pudiera gestionar el agua, pasársela a una empresa y hacer negocio con ello. De esta manera se saldrían de la lista las entidades locales menores, dejando de ser tenidas en cuenta como organismos autónomos, y perdiendo su personalidad jurídica”, continúa Jesús.

En definitiva, y según explica, desde la plataforma buscan apostar por una defensa de los bienes comunales, aglutinando una preocupación por la posibilidad de tener un patrimonio común, la disponibilidad de un sustento económico y cultural, así como la seguridad de contar con una forma de democracia directa y participativa.

A lo largo del documental que han realizado, y que va por los 3.000 visionados en Youtube, éstos entrevistan a profesores de la Universidad de Salamanca y León como Valentín Cabero o Carlos González-Antón, a vecinas de localidades como Amayuelas de Abajo, a integrantes de la Plataforma Rural-Alianzas por un Mundo Rural Vivo (como es el caso de Jerónimo Aguado), así como a personas que han impulsado cooperativas de hostelería y de servicios sociales en el ámbito rural. También han contado con el testimonio de presidentes de juntas vecinales de la comarca, lo que les ha dado la posibilidad de compartir sus motivos para defenderlas. No aparecen, y eso es algo que Jesús deja bien claro, ningún representante institucional ni ningún partido político. “Ya tienen suficientes vías para compartir su opinión”, alude al respecto.

El documental, que vino antecedido por una campaña a través de la plataforma Change.org para reunir firmas contra este proyecto de ley (por el momento llevan más de 2.000 recogidas), ha sido el fruto de tres meses de trabajo. Su estreno se produjo en dos pequeños municipios de la comarca de Omaña, y el jueves pasado se presentó en la Biblioteca pública de León. Asimismo, cualquier persona puede verlo desde su casa. “Lo hemos puesto a libre disposición en la red para que cualquier particular o colectivo pueda proyectarlo”, apunta Jesús, que durante la conversación se inclina por contextualizar este tema en un marco más amplio. “Se trata de un tema que enlaza con las luchas planetarias que están siendo clave: la acaparación de las tierras en manos privadas, la propiedad del agua, el estado de la alimentación y del aire que respiramos…”, añade.

¿En qué situación está este proyecto de ley en estos momentos?, aprovecho para preguntarle antes de terminar nuestra conversación. Ésta es su respuesta: “Ahora mismo está en periodo de alegaciones, aunque pretenden que entre en vigor en enero de 2014. Por nuestra parte queremos seguir sumando voces críticas y hacer actos de calle. No somos tan ingenuos como para pretender cambiar la ley, pero nos hemos unido a otras redes y colectivos afines para seguir movilizándonos y realizar actos informativos. También contamos con la esperanza legal de que el Consejo de Estado dictaminó de una forma crítica este anteproyecto, citando algunos puntos que pueden rasgar la inconstitucionalidad. Por el momento hay dos comunidades que están preparando este recurso de inconstitucionalidad”, termina afirmando Jesús.

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